Duarte podría pasar hasta 55 años en la cárcel

Sin wifi Duarte intentó huir y cayó en el pasillo

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También se comunica que en la audiencia Duarte rechazó la opción preliminar de allanarse para ser extraditado a México y que, con la condición de conocer primero la solicitud formal que deberá entregar el gobierno mexicano a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde su llegada al Tribunal Quinto de Sentencia Penal de la capital gualtemalteca, "Javidu" lució nervioso, estuvo sudando, y permaneció escoltado por hasta 20 guardias, además de vestir en todo momento chaleco antibalas.

México solicitará la extradición de un colaborador del exgobernador mexicano Javier Duarte.

"No puedo allanarme, hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría", declaró Duarte durante la audiencia pública con un juzgado guatemalteco.

Las autoridades de México tienen hasta 60 días para presentar la solicitud de extradición y las evidencias que sustentan las acusaciones, de lo contrario, el ex priista podría recobrar la libertad, sin embargo expertos han destacado que podría ser extraditado de inmediato tan sólo si el Gobierno de México lo reclamara para juzgarlo.

En virtud del tratado de extradición entre España y México, las autoridades mexicanas disponen de 45 días para solicitar formalmente su extradición.

Daniel Lemus, Secretario del Tribunal, explicó que hasta ahora el mexicano no cuenta con un defensor acreditado, por lo que podría ser atendido por uno de oficio, pero trascendió que dos abogados guatemaltecos representarían los intereses de Duarte.

Su objetivo era transferir supuestamente elevadas cantidades de dinero público mexicano destinado a la educación y salud, entre los años 2012 y 2015, para utilizarlos en la adquisición de inmuebles tanto en México como en el extranjero.

Una vez presentada la petición formal, las autoridades españolas recibirán la documentación y la enviará al juez competente, quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquél país. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.

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