Allanan Anses, Finanzas y la exempresa del primo de Macri

Allanan varias oficinas públicas por una investigación sobre operaciones con bonos

Presunto perjuicio a las arcas públicas: Allanaron ANSeS, Finanzas, CNV y empresas

El juez federal Claudio Bonadio allanó este mediodía la ANSES, el Ministerio de Finanzas y la empresa Braskem Argentina, cuyo mayor accionista es Odebretch, en una causa por la venta de bonos y acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El fiscal Jorge Di Lelloimputó días atrás a ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el conjunto de activos financieros que administra la Anses tras el traspaso de las AFJP al Estado.

Por orden del juez, los allanamientos los realiza la Policía Federal en el Ministerio de Finanzas, Anses, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora Iecsa, esta última hasta hace poco titularidad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

En el expediente que tiene Bonadio a su cargo se sumó una denuncia de la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, quien pidió que se investigue si hubo delito en la venta de acciones de Petrobras que estaban en manos del FGS y pasaron a manos de la firma Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, que había adquirido el paquete mayoritario de la compañía brasileña. Eso condujo al grupo de Mindlin a lanzar una Oferta Pública Obligatoria de Adquisición (OPA) para ofrecerle a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. Recibió en total $ 2.482.140.001. Considero que se sacrificaron "no sólo los activos del FGS sino también importantes ganancias a muy corto plazo por la suba previsible del valor de las acciones".

La denuncia apunta a que en octubre de 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12 % emitido para la financiación de gasoductos. En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5 por ciento. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de US$75 millones al Estado. También se investiga si Blaquier y Caputo, al ofrecer el bono en venta a varios bancos (Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC), pudieron haber favorecido a gente con la que tenían relación.

Donda y Tahilade, en tanto, pidieron investigar la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor. El escrito indica que los papeles se vendieron a $ 3,42, un valor presuntamente inferior al precio de mercado vigente.

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