Justicia argentina confirma al magistrado que investiga muerte del fiscal Nisman

Cristina Fernández en una entrevista con Luis Novaresio

Cristina Fernández en una entrevista con Luis Novaresio

Tal como lo hiciera la semana pasada en otras causas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy sendos planteos de un ex funcionario kirchnerista y un supuesto testaferro con problemas judiciales en los tribunales federales de Comodoro Py y habilitó así la prosecución de las investigaciones. Además, sin pronunciarse sobre el fondo, volvió a intervenir en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"El nombrado venía apelando el rechazo de la nulidad planteada por su defensa contra la medida dispuesta por el fiscal de realizar una junta interdisciplinaria médico, legal y criminalística a cargo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina para resolver las circunstancias en tomo a la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman", detalló el CIJ.

La Cámara, que representa la más alta instancia penal del país, rechazó dos recursos de apelación que presentó la defensa del informático Diego Lagomarsino, imputado en la causa por haber facilitado a Nisman el arma que terminó con la vida del fiscal.

Uno de los recursos presentado por Lagomarsino pretendía que se revocara la decisión que rechazó la recusación de los miembros de la Gendarmería Nacional que integran la junta interdisciplinaria.

El máximo tribunal resolvió por falta de sentencia definitiva no dar lugar al recurso de hecho deducido por la defensa de Timerman en reclamo de la recusación de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, sobre la base de que, a pesar de haberse apartado en causas vinculadas, no habrían hecho lo mismo en la presente.

La Corte ya había intervenido por primera vez en esta causa cuando resolvió un conflicto de competencia, también ante un planteo de Lagomarsino, y resolvió que el caso debía ser investigado en la Justicia federal porque la muerte del fiscal podía tener vinculación con su rol de acusador en su investigación sobre el ataque terrorista contra la AMIA, donde 85 personas murieron el 18 de julio de 1994.

En su resolución, el tribunal también rechazó esta pretensión.

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