Acusaciones cruzadas entre Ritondo y Magario — Crimen del chofer

Acusaciones cruzadas entre Ritondo y Magario — Crimen del chofer

Acusaciones cruzadas entre Ritondo y Magario — Crimen del chofer

Cristian Ritondo brindará una conferencia de prensa luego de la escalada de tensión que generó el crimen de un colectivero de la línea 620 en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires, y por el que todavía no hay detenidos.

Alcaraz de 26 años fue asesinado el domingo por la tarde. María Eugenia Vidal se reunió con el presidente de la Cámara de Transporte Automotor, y con el secretario de la UTA y les informó que el lunes se reglamentará una ley -sancionada en diciembre de 2016- que obliga a las compañías a la colocación de sistemas de vigilancia por video en los coches.

"Por una decisión de la Gobernadora para el financiamiento se ofreció una línea de crédito blanda que lo puedan hacer del Banco Provincia. Hay testimonios que lo identifican pero ahora en la fiscalía se está trabajando para confirmar lo que los testigos vinieron adelantando", dijo Ritondo al canal TN durante la tarde luego de que se conozca la noticia de que existe un sospechoso sobre el que todavía no pesa una orden de detención. Según los costos de mercado, el monitoreo mínimo exigido cuesta entre 30 y 35 mil pesos.

Por su parte, la Provincia entregará botones antipánico a los choferes.

Asimismo, deberán contar con una cámara en el interior que enfocará hacia el frente para captar la vía de circulación.

Precisó que la cámara "puede ser monitoreada por la empresa" aunque no descartó que también pueda tener conexión con los centros de monitoreo con que cuentan los municipios.

"Esperamos que para fin de año estén todas las cámaras colocadas", manifestó el ministro, y descartó la posibilidad de avanzar con la instrumentación de cabinas blindadas para los choferes, al poner de manifiesto que "muchos delegados" de la UTA tiene una posición "contraria". Y quedó establecido "que las imágenes obtenidas tienen carácter absolutamente confidencial y que las mismas solo podrán ser requeridas por la autoridad pública o judicial que se encuentre avocada a la investigación o al juzgamiento de causas penales o contravencionales".

La medida fue anunciada luego de de una reunión que los funcionarios mantuvieron con los gremios del transporte.

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