Familiares de periodistas asesinados exigen respuestas a gobierno de Santos — Colombia

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Ecuador entregó información desclasificada a las familias del equipo periodístico asesinado

En la reunión se pidió al Gobierno de Colombia realizar mayores esfuerzos para la devolución de los restos mortales de sus familiares, encontrar vías humanitarias para que este hecho se concrete y colaborar con la entrega de información para clarificar el secuestro y asesinato a la Comisión que presidirá la CIDH.

Para este miércoles está previsto un plantón en las afueras de la Asamblea Nacional ante la comparecencia de lo exministros César Navas (Interior) y Patricio Zambrano (Defensa), según una convocatoria circulada en las redes sociales que dice "Por Óscar, por Katty, por Javier, por Paúl y por Efraín". "Ninguna de las dos altas prioridades se ha cumplido", condenaron este martes por medio de una carta dirigida al Gobierno colombiano. Sin embargo, esos datos van a seguir bajo secreto, pues esperarán a que un grupo de expertos de la comisión interamericana de derechos humanos los evalúe.

De igual manera, el Gobierno aseguró que "desde el primer momento del secuestro de los periodistas del diario El Comercio por parte de la organización criminal de alias "Guacho", el Gobierno de Colombia ha mantenido permanente cooperación por este caso con el gobierno y las autoridades ecuatorianas".

Pese al tiempo transcurrido, los disidentes de las FARC no entregan los restos de los periodistas Javier Ortega y Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.

Las familias recibieron toda la documentación necesaria para esclarecer lo sucedido.

Los gobiernos de Colombia y Ecuador ofrecen una recompensa conjunta de más de 250 mil dólares, por el paradero o información de "Guacho".

Los familiares de las víctimas están en la capital colombiana en donde esperan reunirse con autoridades del país y recabar información sobre el asesinato, un mes después de que se conociera su muerte.

"La documentación entregada por el Ejecutivo será sellada, trasladada con medidas de seguridad y será abierta de manera exclusiva ante el grupo de expertos de la CIDH, quienes, acompañados por una representación de las familias, realizarán un análisis minucioso del contenido", señala el comunicado.

Hasta entonces, el informe del Gobierno no se hará público y permanecerá custodiado, y su "inviolabilidad" será acreditada por un notario público.

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