Cristina denunció un "manejo extorsivo de la figura del arrepentido"

Gabriel Romero se presentó en Comodoro Py y busca ser imputado colaborador

Gabriel Romero se presentó en Comodoro Py y busca ser imputado colaborador

La ex presidenta de Argentina dijo que estaba "obligada" a firmarlo.

La solicitud llega luego de que el empresario Gabriel Romero, de Emepa, confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el gobierno de le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía. "Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto", completó.

Por su parte, De Goycoechea, otro de los arrepentidos que estuvo detenido, también amplió su indagatoria ante el juez Bonadio: él fue el primer arrepentido de la docena de empresarios que luego siguieron su camino y dijo haber hecho aportes para la campaña electoral de Cristina Kirchner.

En un texto publicado en su página web personal que lleva el título "Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida" la expresidenta afirmó que "nunca nadie" le "pagó" por firmar el decreto al que hizo alusión el hombres de negocios "ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos". "Correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113", finalizó.

El pedido que presentaría Policita también se extendería a Amado Boudou, Aníbal Fernández y Julio De Vido, según consignó La Nación. "Esa unidad tenía como función hacer operativas las renegociaciones ordenadas por la Ley de emergencia", agregó al tiempo que enumeró once puntos sobre "el decreto y la hidrovía". En ese contexto, Cristina se refirió al decreto que firmó en la extensión de la concesión de la Hidrovía y para supuestamente favorecer a la EMEPA, la compañía de Romero.

En el año 2001, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya había puesto la lupa sobre el sector al investigar la licitación pública millonaria por la cual se había adjudicado a la empresa de Romero el dragado del Río Paraná y del canal Emilio Mitre en el Río de la Plata. Al contrario, aclara, "los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación".

"Lo más distintivo de este proceso fue que, por tratarse de facultades delegadas, la propuesta de Acta Acuerdo salió de la esfera de decisión del Poder Ejecutivo y su contenido fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Naciona", continúa la carta.

Sin embargo, destacó que la declaración de Romero la llevó a cambiar de opinión y volvió a insistir en que el Gobierno de Macri, que ha provocado que el país "se esté cayendo a pedazos en medio de u na verdadera catástrofe económica y social", está influyendo en su situación judicial. "Lo saben todos y todas", finalizó la expresidenta.

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