Grafiteros asaltan el metro de Barcelona y agreden a una embarazada

Un grupo de grafiteros agrede a tres pasajeros del metro en Barcelona

Imagen de archivo de una estación de Metro en Barcelona

Una mujer embarazada fue rociada con pintura de espray en la cara y otras dos personas fueron zarandeadas y golpeadas en la cara, aunque después de ser atendidas por los servicios médicos ninguna de ellas presentaba lesiones importantes. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los autores y ha puesto las filmaciones de las cámaras de seguridad a disposición del juzgado para que los grafiteros sean identificados lo antes posible. Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo en la línea 4. La pasada madrugada un grupo de 34 personas, la mayoría pandilleros, han parado mediante el freno de emergencia un tren de la Línea 4 en la estación de Maragall para hacer pintadas. Los grafiteros han bajado y han comenzado a hacer pintadas, cuando algunos de los viajeros han protestado por la acción vandálica que estaban presenciando.

Los pasajeros han mostrado su rechazo por la acción de los grafiteros, que les han insultado y han agredido a tres pasajeros, entre ellos una mujer embarazada, a la que han pintado con spray en la cara.

Los agresores se dispersaron en grupos y huyeron por los vestíbulos de la línea 4 y de la línea 5 de esta estación de Maragall, por donde salieron al exterior.

Debido a este incidente, el servicio de metro de la L-4 se ha visto interrumpido durante algunos minutos y el tren ha resultado pintado con grafitis por los dos lados, por lo que se ha tenido que retirar del servicio. También lamentan que estos ataques vandálicos están aumentando y cada vez son más agresivos y violentos con los empleados del metro y con los pasajeros. TMB denuncia que el "vandalismo grafitero es hoy el principal problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios en España, con crecientes implicaciones sociales, medioambientales, laborales y económicas" ya que suponen "una amenaza real para las personas y la prestación del servicio" además de una "injusta carga económica" para las empresas públicas. Los operadores han reclamado acciones contra estas prácticas y han hecho gestiones con las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales para que realicen una actuación coordinada frente a estas prácticas delictivas.

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