España: Clientes y no la banca deben pagar el impuesto hipotecario

Manuel Pardos presidente ADICAE

Manuel Pardos presidente ADICAE

Las tres sentencias estudiadas en este pleno se harán públicas en los próximos días, consituyendo un balón de oxígeno evidente tanto para la banca como para las administraciones públicas, salvando un agujero cifrado en miles de millones de euros. El asunto de la retroactividad, sin embargo, no se tocó en el debate de este lunes. Por la mañana, ya habían intervenido dos tercios de los 28 magistrados que componen el Pleno.

El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación par pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y repercusiones sociales y económicas de la decisión. La concentración se produce al mismo tiempo que los 31 magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo están reunidos para decidir si pagan los clientes o los bancos y si se aplica la retroactividad. Las resoluciones anulaban un artículo del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1995, en concreto el 68, que precisa que en las escrituras de hipotecas el tributo debe abonarlo quien solicita el préstamo, es decir, el cliente.

En la deliberación de este asunto no estuvieron presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se ha apartado porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid, ayuntamiento que actúa de recurrente en los recursos que se ven en este Pleno.

"Solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca", explicaron los magistrados en la resolución que se dio a conocer hace tres semanas.

Sin embargo, se baraja la opción de que el Supremo apueste por una retroactividad limitada, solo aquellos que pagaron el impuesto desde octubre de 2014 -en torno a 1,5 millones de contribuyentes según Gestha- podrían reclamar su devolución a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma. De hecho, para zanjar la polémica no parece que sea suficiente que su veredicto se logre con una mayoría de 16 votos frente a 15, pues sería sintomático de un Tribunal Supremo tan fragmentado que daría vía libre a las reclamaciones por lo contencioso -si Hacienda rehúsa devolver el dinero--o por lo civil -si se dirigen contra el banco- de cualquier decisión que se adopte. Los primeros en intervenir en el pleno han sido los ponentes de las tres sentencias que se dictarán cuando concluya el pleno: los magistrados Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchis, quienes han propuesto a sus compañeros mantener el criterio que estableció la Sección Segunda, a la que ambos pertenecen, consistente en que el impuesto sobre actos jurídicos documentales corresponde al banco.

El líder del partido Podemos, Pablo Iglesias, y el dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anunciaron una concentración ciudadana ante el edificio del Tribunal Supremo el próximo martes 13.

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